La publicación de la European Commission’s Green Paper acerca de la modernización de las políticas de compras públicas brinda una oportunidad única en la década de influir en la forma en que las compras son controladas. Quisiera instarlo a hacer oír su voz.

La Comisión está intentando simplificar la legislación sobre compras y actualizarla como parte de un programa general de análisis de todos los problemas de mercado único que afectan a los estados miembros en el periodo previo a 2020, como parte de la estrategia europea de 2020.

La Comisión considera que las reglas debe simplificarse y actualizarse para mejorar el clima de negocios para la innovación y proveer apoyo a las pequeñas firmas, además de cumplir con el requisito, por parte de la Unión Europea, de mejorar la eficiencia de carbono, al mismo tiempo que garantizar el mejor uso de los fondos públicos y que el mercado europeo se mantenga abierto.

El Green Paper es parte de una serie de elementos que componen el proceso de revisión que, además, incluye un extenso grupo de reportes para informar que las políticas de la Comisión apuntan a una propuesta formal en 2012 para enmendar las directrices de compras del sector público y utilities. El proceso de producir nuevas directrices se supone que llevará al menos cinco años. Dado el tiempo que llevará a los países miembros introducir estas nuevas directrices en sus propias leyes nacionales, es poco probable que veamos cambios formales en la ley del Reino Unido antes del 2018, asumiendo que los procesos legislativos se muevan rápidamente. Sin embargo, la participación y la opinión de los involucrados en esta temprana etapa probablemente tendrá mucho más impacto que cuando el proceso legislativo comience formalmente.

El Green Paper busca comentar sobre una larga serie de sugerencias de mejoras en la legislación, muchas de las cuales provienen de la comunidad de proveedores, y el rango de problemas que cubre puede ser medido por el hecho de que son 55 páginas y busca respuesta a 114 preguntas que se plantean en el documento. La Comisión además aclara que busca nuevas ideas no mencionadas en el documento, en particular de aquellos involucrados en la comunidad de compras.

El documento además incluye una larga serie de sugerencias que buscan mejorar la flexibilidad del comprador. Estas incluyen reglas para los productos simples y con disponibilidad y mayor acceso a los procesos de negociación, los cuales muchos compradores consideran esencial para mejorar la relación precio/servicio. El informe también sugiere el uso de un listado de proveedores calificados, eliminando la necesidad de avisos individuales para cada contrato. Actualmente este sistema de calificación sólo es utilizado en el sector enérgico, transporte de agua y servicios postales.

En el documento también hacen eco de la modernización y la transparencia de la agenda del programa de eficiencia del Gabinete del Reino Unido, incluyendo la reducción de detalles del proceso de pre calificación para permitir a pequeñas firmas mayor acceso a oportunidades de contrato.

La Comisión cree que puede haber brindarse mayor discrecionalidad a los compradores para construir las políticas sociales y medioambientales dentro de las compras. Esto es considerado de particular importancia para lograr medidas que ayuden a reducir la huella de carbono. El tono del documento, sin embargo, sugiere que la Comisión tiene dudas sobre cómo puede lograrse esto sin poner el riesgo la apertura de los mercados europeos.

Una pregunta interesante que cabe dentro del concepto de desregularización de la contratación es que las reglas ya no aplican a las entidades del sector de utilities. Hay entidades como en el sector eléctrico, de agua y transporte que vienen siendo reguladas por la legislación europea de compras desde 1990. En ese momento se discutía que la contratación de estas utilities estaba fuertemente influenciada por los gobiernos nacionales y que la regulación era necesaria para asegurar la apertura de mercado entre los países miembro. La liberalización de estos mercados desde 1990 sugiere a la Comisión que no hay necesidad de regular a través de directrices, cuando el comportamiento comercial de una compañía de servicios está más influenciado por cuestiones económicas más que por cuestiones de gobierno. Este enfoque es, probablemente, una de las sugerencias más radicales del Green Paper y, probablemente, atraerá el apoyo de varios de la comunidad de utilities en el Reino Unido.

Una larga porción del documento claramente apunta a reducir y simplificar los procesos en las comunidades de compradores y vendedores. Sin embargo, hay un cierto número de áreas en las que la Comisión sugiere un mayor grado de regulaciones.

Por ejemplo, sugiere que la legislación debería limitar los cambios que puedan realizarse a un contrato una vez que ha sido adjudicado, esto no está cubierto actualmente por la legislación. Además, sugiere que ciertos estándares deberían ser obligatorios dentro de la legislación y que debería haber obligaciones para proteger a los denunciantes de casos de corrupción.

Muchas de estas áreas son tradicionalmente consideradas como temas que dependen de la discrecionalidad de los estados miembros o de las entidades compradoras. La Comisión sugiere que la regulación de estas áreas por parte de la UE debería incrementarse y ello puede ser controversial para los compradores como para los proveedores, así como para los estados miembros.

La Comisión Europea está a la búsqueda de comentarios acerca del contenido del Green Paper antes del 18 de abril de 2011. Para enviar sus comentarios, debe enviar un correo electrónico a MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu

Intenté enfocarme en los puntos de importancia clave del Green Paper. Esta es una oportunidad única para dar forma al enfoque de la legislación de compras europea desde una etapa temprana. Le insto a aprovechar al máximo esta oportunidad.