El 13 de octubre, Chile celebró la salida desde la profundidad de 33 mineros. 33 mineros que estuvieron atrapados durante 70 días, 700 metros bajo tierra.

El drama comenzó el 5 de agosto, cuando un colapso de una mina nos llevo a temer por la vida de estas personas. La sensación de desconsuelo se transformó en enorme alegría al enterarnos de que todavía estaban vivos. Algunos dijeron que el rescate fue un milagro; otros que fue obra del profesionalismo tanto de los mineros como del equipo de rescate trabajando en el área. Cualquiera sea el caso, cuando los mineros salieron a superficie, celebramos el gran logro.

Es cierto que fue un gran logro y que la alegría debe permanecer. Sin embargo, no debemos olvidar el motivo por el que los mineros quedaron atrapados en primera instancia.

Chile es un país tradicionalmente minero donde se puede encontrar dos formas principales de trabajo. Por un lado, existe una minería de nivel mundial, manejada por grandes compañías internacionales. Por otro lado, existe una minería más humilde, tradicional y doméstica, conformada por pequeñas compañías de explotación y los pirquineros, mineros artesanos. La realidad de la minería en cada uno de estos ámbitos es muy diferente.

Mientras que las grandes compañías invierten un importante porcentaje de sus ganancias en mantener altos estándares de salud, seguridad y trabajo, existe otra realidad en la que a estos conceptos no se les brinda la suficiente atención, al punto de fallar en el cumplimiento de regulaciones. La implementación no es simple para los contratistas, que frecuentemente deben recortar gastos o perder negocios. Las organizaciones estatales, responsables de asegurar el cumplimiento de normas, no tienen la capacidad para administrar la gran demanda de la industria y como resultado de esto, muchas compañías continúan trabajando por debajo de los estándares de operaciones, hasta que el desastre acontece.

En San José, por ejemplo, la falla en el cumplimiento de aspectos regulatorios afectó no sólo a los 33 mineros, felizmente a salvo ahora, sino también a 300 empleados y contratistas que ahora se encuentran desempleados debido al cierre de la mina. Miles de trabajadores están trabajando en condiciones precarias similares a las de esta mina.

Más que nunca, la importancia del cumplimiento de las regulaciones de salud y seguridad está claro: debe ser una prioridad. Aún más, el estado chileno deberá ser quien lo garantice, junto a otros participantes del sector. Toda la industria minera deberá hacerse cargo de la situación, no importa el tamaño o la historia.
Existen herramientas suficientes para hacerlo, herramientas diseñadas específicamente para monitorear los estándares de salud y seguridad en la industria minera. Y existen expertos en la materia en el mercado. Las regulaciones ya existen, ahora el estado deberá incorporar a las compañías privadas en el sistema para asegurar que las mismas sean cumplidas.

Por un millón de razones humanas, técnicas y económicas, deberíamos hacer que este tema sea prioritario. Solamente el esfuerzo podrá asegurar que ningún empleado minero o sus familias tengan que pasar por la experiencia que sufrieron estos 33 mineros o enfrentar el problema que tienen ahora los 300 desempleados.